Siete personas fueron judicializadas por su presunta participación en una serie de extorsiones dirigidas a comerciantes del municipio de Soacha, Cundinamarca. Las autoridades las identifican como integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Satanás’, liderada supuestamente por J. Manuel, alias Satanás, quien ya se encuentra privado de la libertad por otros delitos. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación señalan que los presuntos integrantes de esta red delictiva enviaban mensajes amenazantes desde la cárcel a los celulares de sus víctimas. Según el material probatorio, los mensajes iban acompañados de imágenes de sus familiares o de sus negocios, como forma de presión para obligarlos a pagar sumas semanales o mensuales que oscilaban entre 300 mil y 700 mil pesos.
“Estas declaraciones de las víctimas nos ponen en evidencia la existencia de una organización delincuencial cuyo objetivo es el delito de extorsión y obtener recursos mediante constreñimiento, amenazas, presiones de carácter intimidatorio, psicológico y también físico”, señaló la fiscal del caso.
Cuando los comerciantes se negaban a pagar, eran blanco de ataques armados frente a sus propios establecimientos. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y enero de 2024, según lo documentado en el proceso judicial. Entre los judicializados se encuentran L. Guette, M. Ángela, M. Martínez, D. Puello, C. Villareal, Y. Sabalza y A. Franco. Además, se suman J. Sulvarán, R. Villegas y el mencionado alias Satanás, quienes ya estaban detenidos por otros hechos.
La fiscalía describió el funcionamiento interno del grupo y los roles de cada uno, donde J. Sulvarán, conocido “pública, nacional e internacionalmente” como Satanás, es señalado como el líder de la estructura, mientras que su mano derecha sería alias Ronier. También se mencionó a alias Matute, presuntamente vinculado como sicario de confianza del grupo. Los capturados fueron imputados por los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó los cargos y, como medida preventiva, deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
