La Contraloría y la Procuraduría han conformado una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético para atender la preocupación por la demora en los giros de subsidios de energía y gas. Esta comisión trabaja junto a los Ministerios de Minas y Hacienda y ha citado al superintendente de Servicios Públicos para realizar un seguimiento al funcionamiento, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.
Los entes de control se enfocan en la deuda del Gobierno y entidades oficiales, que a enero de 2025 alcanzaba los $7,6 billones. Esta cifra se compone de $2,7 billones por subsidios de energía, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón por deuda de usuarios oficiales y $628 mil millones por subsidios de gas.
En desarrollo de una circular conjunta, la Contraloría y la Procuraduría solicitaron información detallada a la Superservicios sobre la situación de Air-e, empresa intervenida. Entre los aspectos que se analizan se encuentran la supuesta prohibición de coadministración, el uso de recursos del Fondo Empresarial, la respuesta a una solicitud de fondos por $2,8 billones y las garantías de mutuos otorgados.
Se requieren además detalles sobre el control de subsidios y la confiabilidad de la información reportada en el SUI. El contralor Carlos Hernán Rodríguez ha enfatizado la urgencia de ajustes en la gestión de subsidios, señalando deficiencias en el sistema de estratificación y riesgos para las finanzas públicas y la prestación de los servicios. Advirtió que la falta de soluciones podría afectar la calidad de vida de los usuarios y el desarrollo del país.
El contralor ha asegurado que, junto a la Procuraduría, continuarán su labor de control fiscal para garantizar que los subsidios cumplan su propósito social sin comprometer la sostenibilidad fiscal y con el aporte de soluciones oportunas a la crisis energética.
