A pesar de los esfuerzos institucionales, el departamento del Magdalena continúa ocupando los primeros lugares en Colombia en cuanto a violencia contra la mujer. La falta de rutas efectivas de protección, el alto grado de impunidad y la débil atención judicial y psicológica agravan una situación alarmante.
En lo que va del año, el departamento ha registrado 12 feminicidios, una cifra que refleja no solo la pérdida de vidas, sino también la brutalidad con la que muchas mujeres fueron asesinadas: con sevicia, premeditación y exposición pública de sus cuerpos. Estas muertes, en su mayoría cometidas por parejas o exparejas, evidencian un ciclo previo de violencia intrafamiliar que no fue atendido a tiempo.
Santa Marta y los municipios de Ciénaga, El Banco y Zona Bananera se encuentran entre los que presentan las mayores tasas de violencia estructural contra la mujer. La capital del Magdalena, en particular, se ubica constantemente en el ranking nacional de las diez ciudades con mayor violencia de género. Sin embargo, este fenómeno no se limita al feminicidio: también abarca violencia sexual, amenazas feminicidas, tentativas de asesinato y todo tipo de conductas abusivas que se reproducen en un contexto cultural machista y con fallas sistemáticas en los mecanismos de protección.
Según la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, “las rutas de protección solo parecen activarse cuando una mujer es asesinada. Ferias, eventos o campañas institucionales no son suficientes. Se necesita un enfoque estructural que intervenga en colegios, universidades y espacios culturales desde la raíz”.
Uno de los mayores fracasos del sistema, según Vera, es el acompañamiento judicial. A pesar de los avances logrados a través de convenios entre la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer, estos beneficios solo alcanzan a casos que se vuelven mediáticos o reciben el impulso de periodistas, activistas o influenciadores. “La mayoría de mujeres sigue enfrentando un sistema que primero las revictimiza, luego no les garantiza defensa jurídica efectiva y mucho menos atención psicológica especializada”, asegura.
La impunidad es un factor determinante. Más del 90% de los casos de violencia intrafamiliar no llegan a condena. Las tentativas de feminicidio, aunque a veces terminan en fallo judicial, no evitan el riesgo de nuevos ataques, porque los agresores suelen haber sido denunciados antes sin consecuencias. Los casos de abuso sexual superan el 75% de impunidad, y las amenazas feminicidas llegan al 90%, según cifras extraoficiales.
Otro punto crítico es la atención en salud mental. El sistema exige que las víctimas pasen primero por medicina general, lo que muchas veces significa enfrentar a personal sin formación para tratar la violencia de género. Esto lleva a muchas mujeres a abandonar el proceso, aumentando su vulnerabilidad ante un sistema que no les responde.
En el Magdalena, cada nuevo caso de feminicidio refleja el fracaso de un sistema que no ha sabido prevenir ni sancionar la violencia de género. Mientras tanto, cientos de mujeres viven atrapadas en ciclos de maltrato, en un territorio donde ser mujer sigue siendo una condición de alto riesgo.
