A inicios de la semana pasada, la Gobernación del Magdalena presentó ante la Asamblea un proyecto de adición al Presupuesto General de 2025, argumentando que se necesitan recursos para la ejecución de 54 programas, proyectos de infraestructura e inversión para dotación educativa, hospitalaria y mejoramiento de vías.
El gobernador Rafael Martínez aseguró que la mayoría de la Asamblea estaría “paralizando” la ejecución de estos proyectos y los responsabilizó de la falta de obras en el Magdalena. Sin embargo, además de la lucha jurídica por el control de la mesa directiva, la mayoría de la Duma reprochó las demoras en la radicación de los proyectos de supuesta urgencia.
Diputadas como Ángela Cedeño, Martha García, Mallath Martínez y Candy Sánchez, explicaron a la opinión pública el desafío que ha sido mantener el normal funcionamiento de la corporación, en medio de los ataques y pleitos judiciales impulsados por diputados cercanos al gobernador. También cuestionaron la ‘urgencia’ manifiesta por el mandatario departamental, preguntando por qué no hizo uso de sus facultades para citar a sesiones extras en los meses de diciembre, enero o febrero, y por el contrario, aguardó el inicio de las sesiones ordinarias programadas para marzo.
Según Martha García, esto habría sido un punto de inflexión en la lucha que mantiene la minoría oficialista por liderar la mesa directiva de la Asamblea.
Por su parte, Cedeño, quien actualmente es presidente de la Duma, aseguró que están estudiando el proyecto de ordenanza, teniendo como prioridad las necesidades del Magdalena, aunque cuestionaron que los recursos solicitados, por el orden de los $427 mil millones, correspondan a los mismos montos que fueron solicitados y aprobados para 2024, pero que por razones que aún se desconocen, no fueron ejecutados.
Cedeño indicó que el gobernador los acusa de bloquear las obras del Magdalena, pero solo han recibido un solo proyecto que está en trámite. Además, señaló que hay obras que llevan años esperando una solución y aunque todos los años son presentadas para pedir recursos, nunca se ejecutan.
Citó como ejemplo el puente que conecta a los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, que se desplomó el 30 de junio de 2023, y pese al compromiso del gobernador Martínez de ponerlo en pie, sigue sin construirse.
El 20 de agosto de 2024, un año después, Rafael Martínez responsabilizó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por las demoras y solicitó autorización a la Asamblea para realizar “unas autorizaciones presupuestales” que permitieran la construcción de un nuevo puente con recursos propios de la Gobernación. La autorización fue dada, y a fecha de 2025, no se puso ni la primera piedra del puente.
La diputada Martha García manifestó que el trabajo que se adelanta es minucioso, puesto que la falta de resultados demostrados, sumado a las denuncias previas de la presunta utilización de recursos públicos para el financiamiento de campañas a favor de Carlos Caicedo, hace necesario mirar ‘con lupa’ las peticiones del Gobernador, buscando vigilar a toda costa, el destino de los dineros públicos del Magdalena.
