Este miércoles, Iván Name, expresidente del Senado, fue capturado en su residencia en Bogotá, siguiendo la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. La diligencia fue realizada por agentes de la Dijín de la Policía, luego de que el alto tribunal determinara la existencia de pruebas suficientes para avanzar con el proceso penal en su contra.
Horas antes, el abogado defensor de Name, Jaime Lombana, había indicado que su cliente se encontraba en su vivienda a la espera de instrucciones de la Corte. Lombana explicó que Name estaba dispuesto a acatar la orden de captura y seguir las instrucciones del CTI.
El exsenador barranquillero, de 67 años, había expresado conmoción en una reciente intervención en el Congreso, agradeciendo a sus colegas y manifestando incertidumbre sobre su posible regreso al Capitolio.
De acuerdo con fuentes de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción encontró pruebas suficientes para que Name enfrente un proceso penal. Entre las evidencias está la declaración de Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones del actual Gobierno, quien afirmó haberle entregado $3.000 millones en efectivo siguiendo instrucciones de su entonces jefe, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
En el caso del exrepresentante liberal disidente Andrés Calle, la Corte señala que recibió $1.000 millones en su apartamento en un exclusivo sector de Montería. La versión fue entregada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien relató la entrega directa del dinero en efectivo.
El abogado de Calle, Billy Torres, indicó que aún no habían sido notificados formalmente de la orden judicial, pero que estaban a disposición de la justicia.
Las decisiones judiciales hacen parte del proceso por el presunto desvío de recursos públicos desde la UNGRD, caso que ha salpicado a miembros del Gobierno y del Congreso.
