Delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo seccional Magdalena hicieron un llamado de alerta por las precarias condiciones del Centro de Detención Transitorio Norte en Santa Marta. La inspección reveló que la instalación, diseñada para albergar un máximo de 100 personas, actualmente alberga a más de 300, lo que triplica su capacidad y genera graves riesgos para la integridad física de los internos.
Además del hacinamiento, se encontraron fallas estructurales en la edificación, lo que también pone en riesgo a los miembros del personal de seguridad que trabaja en el centro. Ante esta crítica situación, la Defensoría del Pueblo exige a la administración distrital de Santa Marta la adopción inmediata de medidas para garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad.
Se solicita el traslado urgente de los internos a un espacio que cumpla con los requisitos de seguridad, salubridad e infraestructura adecuados. La Defensoría del Pueblo reafirma que la dignidad humana debe ser primordial en todos los escenarios, especialmente en los centros de detención. Se pide a las autoridades locales una pronta y efectiva respuesta para mitigar el riesgo al que se encuentran expuestas cientos de personas.
