Las autoridades lograron desarticular una banda criminal dedicada a la comisión de secuestros extorsivos, violencia sexual y hurto agravado. La operación conjunta entre el GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación culminó con la captura de siete personas, entre ellas una mujer que se presume lideraba la organización.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que se dedicaba a vender planes turísticos. La víctima fue contactada por los miembros de la banda bajo engaños, citándola en una cafetería para ganarse su confianza. Posteriormente, fue trasladada a otro establecimiento donde fue retenida en contra de su voluntad.
Según las autoridades, la mujer fue víctima de tratos crueles y degradantes, violencia física, acceso carnal violento y lesiones personales. Los agresores utilizaron el celular de la víctima para contactar a su familia y exigir 57 millones de pesos a cambio de su liberación. Tras el pago de 10 millones de pesos, la mujer fue abandonada en la localidad de Antonio Nariño.
Tras diez meses de seguimiento, que incluyeron entrevistas, inspecciones judiciales y análisis de bases de datos, se realizaron tres allanamientos simultáneos en las localidades de Puente Aranda, Santa Fe y San Cristóbal. Durante los operativos se incautaron armas de fuego, teléfonos móviles, un cuaderno con guiones extorsivos y elementos de uso exclusivo de la Policía.
Entre los capturados se encuentra alias ‘Angie’, presunta cabecilla de la banda, quien coordinaba las acciones del grupo. También fueron identificados alias ‘Johan’, señalado de agredir físicamente a la víctima, y alias ‘Mauricio’, acusado de haberla accedido sexualmente. Un octavo integrante fue imputado desde la cárcel Modelo, donde ya se encontraba recluido por otros delitos.
A los detenidos se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, acceso carnal violento, acceso abusivo a sistemas informáticos y concierto para delinquir. Además, las autoridades reportaron antecedentes por amenazas y constreñimiento. Según la Policía, las rentas criminales de esta estructura podrían superar los 80 millones de pesos.
