El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha extendido su campaña de violencia al sector judicial en el departamento del Cesar. A través de un panfleto publicado el 13 de abril, el grupo armado ilegal amenazó de muerte a jueces y fiscales, acusándolos de actuar en contra de sus intereses y de no acatar sus órdenes.
El documento, que circula ampliamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, menciona con nombres propios a la fiscal Lina Oñate y la jueza Mónica Quiroz, adscritas al distrito judicial de Valledupar. En el escrito, se advierte: “Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”.
Ante esta grave situación, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Cesar emitió un pronunciamiento en el que se rechazan las amenazas y se exige al gobierno nacional la atención prioritaria para garantizar la vida e integridad de los funcionarios del sector justicia. “La justicia no se detendrá. No permitiremos que las armas silencien la ley”, expresó la Comisión en su comunicado.
En respuesta a la amenaza, el presidente Gustavo Petro ordenó un despliegue urgente de tropas en zonas estratégicas del Cesar, Magdalena, Antioquia y Córdoba, donde el Clan del Golfo mantiene presencia activa. Además, se contempla la reubicación de algunos funcionarios en riesgo y la asignación de nuevos esquemas de protección.
Desde el Ministerio de Defensa se informó que se han reforzado los operativos de inteligencia y contraofensiva en las regiones afectadas, mientras que el alto gobierno advirtió que no cederá ante amenazas de organizaciones criminales que buscan desestabilizar el sistema judicial y presionar la liberación de sus cabecillas.
