En el marco de un consejo de seguridad extraordinario realizado en Popayán, capital del Cauca, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del “Pacto por el Cauca”, una estrategia que combina acciones sociales y operativas con el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de esta región.
La presentación de este ambicioso plan estuvo a cargo del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como por mandatarios de 21 municipios del Cauca. Según detalló el alto funcionario, el enfoque principal de la iniciativa será combatir las estructuras criminales mediante una presencia institucional reforzada, pero también apostarle a una transformación del territorio desde el desarrollo social y económico.
“Estamos frente a un momento decisivo para el Cauca. No solo se trata de frenar el accionar violento de los grupos armados ilegales, sino de sembrar bases sólidas para la paz desde la dignidad, legalidad y oportunidades para todos los caucanos”, señaló el ministro Pedro Sánchez.
Las cifras de criminalidad, aunque muestran una leve mejoría frente al año anterior, siguen siendo alarmantes. En lo corrido de 2025 se han registrado 31 atentados contra la población civil y la Fuerza Pública. Aun así, el ministro destacó una reducción del 8 % en homicidios y extorsión y del 9 % en lesiones personales, aunque reconoció que la percepción de inseguridad sigue siendo alta debido a los actos terroristas persistentes.
Actualmente, el pie de fuerza en el Cauca alcanza los 15.000 uniformados, gracias a un aumento de 2.200 hombres y mujeres en el último año. Sin embargo, los retos son enormes, en especial por la presencia activa de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, con estructuras como ‘Dagoberto Ramos’, ‘Jaime Martínez’ y ‘Carlos Patiño’, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
El plan contempla además una ofensiva institucional en temas como la prevención del reclutamiento forzado de menores, el uso de inteligencia y tecnología para anticipar movimientos delictivos, y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia a través de drones, antidrones y cámaras.
El ministro fue enfático en rechazar el reclutamiento infantil y apeló directamente a las comunidades: “Nos están robando a nuestros niños, y no vamos a permitirlo. Protegerlos es nuestra prioridad, aunque eso cueste vidas”.
Como complemento a la acción militar, el Gobierno lanzó también el programa ‘Ren-hacemos’, que busca que los campesinos de zonas como el Cañón del Micay transiten hacia cultivos legales rentables, dejando atrás la dependencia de la coca.
