El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 15 años y un mes de prisión contra Carlos Gustavo Palacino Antia, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la misma entidad. Ambos fueron hallados culpables de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, como parte de un esquema que permitió a Saludcoop recibir más de 14 mil millones de pesos de manera fraudulenta a través de recobros ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), entre los años 2010 y 2011.
La sentencia también impone a los exdirectivos el pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer cargos públicos. La justicia consideró probada su responsabilidad en la creación y ejecución de un esquema sistemático de recobros irregulares que comprometió gravemente los recursos destinados a la atención en salud de millones de colombianos.
Se determinó que durante ese periodo se expidieron cheques falsos que supuestamente cubrían servicios médicos, pero que en realidad no se entregaron ni se prestaron. Aunque los pagos nunca se efectuaron, Saludcoop presentó documentos ante el Fosyga como si las atenciones se hubieran realizado, logrando el desembolso irregular de 14.269 millones de pesos por 2.912 recobros.
Además, se concluyó que los acusados no pagaron oportunamente a los prestadores de servicios de salud por procedimientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), afectando así la liquidez de clínicas, hospitales e IPS. También se determinó que ocultaron deliberadamente la crisis financiera que atravesaba la EPS, impidiendo que los organismos de control intervinieran a tiempo.
Este fallo se convierte en un hito judicial por el alcance del fraude, la jerarquía de los implicados y el precedente que deja en materia de responsabilidad penal para administradores del sector salud. Aunque la defensa de los condenados aún podría interponer un recurso extraordinario de casación, la ratificación de la condena en segunda instancia representa una victoria en la lucha contra la corrupción.
El caso ha dejado secuelas profundas en la confianza ciudadana hacia las EPS y en la regulación del sistema de salud. Tras la liquidación de Saludcoop, las autoridades han implementado mecanismos más estrictos de control, tanto en el manejo de los recursos públicos como en los procesos de recobro ante el actual ADRES. Finalmente, este proceso judicial refuerza el mensaje de que quienes manipulen los fondos del sistema de salud para enriquecerse ilícitamente deberán responder ante la justicia, sin importar su cargo o nivel de poder.
