El gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro trazó una ruta hacia la justicia social, hacia las transformaciones estructurales que requiere Colombia para salir de la espiral de desigualdad en que ha estado sumido el país, producto de políticas públicas direccionadas a la acumulación de rentas y no hacia la generación de riqueza y la redistribución de esta. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en Colombia se redujo del 39,3% en 2022 al 37,5% en 2023, representando una disminución significativa en solo un año de gestión.
Quiero recordar que fue precisamente la desigualdad la que generó la masiva salida a las calles de jóvenes clamando oportunidades, y el accionar de un gobierno que estigmatizó y reprimió la protesta y en medio de una pandemia, endeudó al país para “salvar” empresas y banca. Durante las protestas de 2021, más de 60 personas perdieron la vida y miles resultaron heridas, según informes de Human Rights Watch, lo que subraya la gravedad de la situación que el actual gobierno se comprometió a cambiar. Ante este escenario, el gobierno del cambio adquirió un compromiso social por cimentar las bases que subviertan una compleja historia política y socioeconómica, por avanzar en las transformaciones estructurales que requieren, entre otras cosas, una profunda transformación cultural. Por tal razón, este gobierno ha respondido a demandas históricas mediante la implementación de mesas de diálogo con jóvenes, la formulación de políticas inclusivas y la promoción de programas de apoyo que buscan no solo atender las demandas inmediatas, sino también construir una sociedad más justa y equitativa, garantizando que las voces de los jóvenes sean escuchadas y valoradas en la construcción del futuro del país.
Este gobierno ha asumido ese histórico desafío con valentía, y esencialmente con talante democrático, característico del proyecto de vida del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Un gobierno que no le rehúye al debate para lograr avances en las reformas sociales tramitadas en el Congreso de la República, reformas que además han sido ampliamente discutidas en diversos espacios sociales, académicos y gremiales, teniendo como resultado la mayor conquista social en Colombia: la aprobación de la Reforma Pensional, que beneficiará a tres millones de adultos mayores. Esta reforma contempla un fondo de ahorro solidario que garantiza una pensión mínima para aquellos que no lograron cotizar lo suficiente durante su vida laboral, asegurando una vejez digna para tres millones de adultos mayores que tendrán la certeza de obtener una renta vitalicia para cubrir sus gastos básicos.
En materia de avances socioeconómicos, es preciso resaltar que el gobierno en cifras reportadas por el DANE logró una significativa reducción de la pobreza monetaria a raíz del aumento del salario mínimo, el control de la inflación y la promoción de la economía popular como un pilar esencial para el desarrollo productivo. El aumento del salario mínimo en 2024 fue del 12,07%, alcanzando los $1.300.000 pesos mensuales, el mayor incremento en décadas. Además, la inflación se mantuvo controlada en un 7,18% anual, una de las tasas más bajas en la región.
Por otro lado, con una decidida apuesta de reforma agraria, el gobierno ha logrado avanzar hacia el acceso y formalización de tierras, siendo esta una de las prioridades del gobierno nacional, bajo el mecanismo de compra de tierras, en el marco del cumplimiento del punto 1 de Acuerdo de Paz. En 2023 y corrido de 2024, se han formalizado tierras a pequeños campesinos y comunidades étnicas, un porcentaje de las cuales han sido adquiridas mediante compra. Además, en eventos recientes, se ha llevado a cabo una maratónica entrega de tierras. Este avance es significativo hacia la meta de cumplimiento de la reforma agraria en el Acuerdo de Paz, evidenciando el compromiso del gobierno con la transformación rural y la justicia social.
La Paz total como apuesta transversal del gobierno ha traído consigo la decisión más sabia del gobierno y el ELN, pactar el cese al fuego más prolongado de la historia de este grupo subversivo y el Estado Colombiano, pues fueron 360 días que favorecieron a comunidades víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado impulsado por los actores armados. El cese al fuego de 360 días con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha beneficiado a más de 150 comunidades, reduciendo significativamente los índices de desplazamiento forzado en departamentos como Norte de Santander y Arauca, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Es relevante destacar el papel del presidente Gustavo Petro ante el mundo, indiscutiblemente su liderazgo ha trazado una agenda progresista fundamentada en la defensa y preservación de la vida ante el evidente avance de los efectos del cambio climático y en defensa de los Derechos Humanos. En la COP27, el presidente Petro lideró la creación de una alianza de países amazónicos para la protección del bioma amazónico, comprometiéndose a reducir la deforestación en un 50% para 2025. Resaltando en igual sentido, que su voz ha sido preponderante para condenar en distintos escenarios internacionales el genocidio del pueblo palestino a manos del gobierno israelí. Sin duda, el presidente ha logrado consolidar un liderazgo regional y mundial, que nos ha permitido otro tipo de relacionamiento con el mundo.
Consolidar transformaciones no es un camino sencillo, el cambio ha avanzado pese a una profunda resistencia a éste, que brota de quienes han detentado el poder y han usado las instituciones y al gobierno para beneficio propio. Sin embargo, con total acierto, el gobierno ha logrado establecer canales de diálogo, avanzar en la transformación de las instituciones, hacia una institucionalidad que vela y trabaja para las bases populares. La creación de la Comisión Nacional de Diálogo Social ha permitido la participación de más de 200 organizaciones sociales y comunitarias en la formulación de políticas públicas, promoviendo una gobernanza más inclusiva y participativa. Nos falta mucho, pero el cambio es una realidad.
Ñapa:
- El presidente sancionó la ley que autoriza la sustitución de penas carcelarias para mujeres cabeza de familia por trabajo comunitario. Ley que beneficiará alrededor de 5 mil mujeres, en un claro enfoque de humanización del sistema carcelario.
- El gobierno ha logrado cifras record en incautaciones de clorhidrato de cocaína, alcanzando en lo que va del 2024, el 35% más de las incautaciones del año 2023.
La llegada de turistas extranjeros aumentó 8,5% en el primer semestre de 2024 con relación al año pasado.
