Hace poco más de una semana, el Partido Demócrata Colombiano sancionó al diputado Alberto Mario Gutiérrez. La decisión se tomó luego de una queja presentada por su compañero de bancada, Yohan Pinedo, quien lo acusó de no apoyar un proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental de Rafael Martínez.
Si bien esta fue la razón formal de la queja, las diferencias entre Pinedo y Gutiérrez se remontan a la elección de la mesa directiva de la Asamblea. Gutiérrez formó parte del grupo mayoritario, opositor al gobernador Martínez, que eligió a Ángela Cedeño como presidenta de la Duma. Pinedo, por otro lado, pertenece al grupo de seis diputados cercanos a la administración departamental, quienes hasta ahora buscan la presidencia de la mesa directiva para María Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana.
Mientras este asunto se encuentra en vías de solución judicial, Gutiérrez decidió apelar la sanción que le impuso su partido. Su defensa, representada por el abogado Ariel Quiroga, argumenta la injusta y antidemocrática decisión.
Se señala que la oposición de Gutiérrez al proyecto de ordenanza, que buscaba adiciones presupuestales, se enmarcó en sus labores de control político y en la Resolución No. 008 del 12 de enero de 2024, por la que las directivas del PDC se declararon en oposición a la actual administración departamental.
Se argumenta que Pinedo sostiene que el 30 de octubre el director del Partido emitió una directriz que establecía el voto positivo para los diputados de la bancada del PDC respecto al proyecto, pero que esta nunca fue notificada oficialmente a Gutiérrez. La defensa del diputado asegura que no se le convocó a reuniones de bancada para definir la posición del partido frente al proyecto de ordenanza, violando así las disposiciones expuestas en la Ley 975 de 2005, la 1475 de 2011 y los Estatutos del PDC.
Se enfatiza que la decisión de votar negativamente al proyecto no implicaba represalias por parte de las directivas del partido, especialmente de su compañero de bancada. La defensa del diputado considera que la sanción se basa en la falta de notificación por parte del Partido Demócrata, tal como lo establecen los estatutos, y que se le sancionó por desobedecer una directriz que desconocía.
La defensa de Gutiérrez considera que la decisión del director del partido es inconstitucional porque no puede imponer su voluntad sobre los congresistas, diputados, concejales y ediles elegidos por aval del partido, como ya lo ha establecido el Consejo Nacional Electoral.
Alberto Gutiérrez ha dejado claro que puede seguir votando y participando en la Asamblea, pues el fallo sancionatorio es susceptible de recursos de reposición y en subsidio de apelación.
A través de un comunicado, Quiroga & Abogados ha manifestado su intención de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para demostrar el actuar de las directivas del partido y de su compañero de bancada, quienes buscan someter la voluntad del asambleísta a intereses oscuros que no están alineados con el interés general.
