Margie Espinel, madre de una niña de tres años, se convirtió en una de las primeras voces que alertó sobre posibles abusos sexuales dentro del Hogar Infantil Canadá, sede F, en Bogotá. Su denuncia fue fundamental para visibilizar la situación y permitir que otros padres compartieran sus sospechas, lo que finalmente condujo a la captura del docente Freddy Castellanos, quien actualmente se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de estos hechos.
Espinel relató que todo comenzó cuando su hija le confesó comportamientos inapropiados por parte del educador. Inmediatamente, comunicó lo ocurrido a otros padres y posteriormente a las autoridades. Desde entonces, afirma, su entorno se ha visto alterado por situaciones que han puesto en riesgo su tranquilidad y la de su familia.
En declaraciones, la mujer aseguró haber sido víctima de seguimientos, hostigamientos y amenazas directas. Uno de los incidentes ocurrió cuando una motocicleta se detuvo frente a la casa de su madre, tomó fotografías de la vivienda y posteriormente se registraron daños en los vidrios. A esto se suma otro episodio en el que una moto se interpuso en su camino y le tomó fotografías en el rostro.
Espinel también denunció haber recibido llamadas intimidantes. “Me dicen que me calle o me atenga”, contó. A pesar de reconocer que siente temor, sostuvo que no se va a silenciar: “Lo que buscamos es justicia. Exigir justicia no puede considerarse un delito”.
Las amenazas no se han limitado a ella. Otras madres que también han denunciado presuntos abusos contra sus hijos aseguran estar recibiendo intimidaciones similares. Ante esta situación, varias de ellas han optado por buscar asesoría legal conjunta y mantener coordinación directa con un abogado.
Sobre el proceso, señaló que se mantienen a la espera de avances por parte de las autoridades judiciales y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, expresó su preocupación por el ritmo de la investigación y advirtió sobre el riesgo de que el caso no avance con la prontitud necesaria. “Queremos que se tomen decisiones con base en pruebas. No queremos que este caso quede sin respuesta o que el proceso se caiga por vencimiento de términos”.
Espinel también reveló que, hasta el momento, nadie del jardín infantil se ha pronunciado de forma directa ante las familias afectadas. Profesores y personal administrativo han evitado el contacto, lo que ha generado más incertidumbre entre los acudientes.
Sobre el estado emocional de su hija, aseguró que está recibiendo apoyo psicológico de manera particular, pues no confía en los canales institucionales. Aunque la menor ha mostrado avances, sigue presentando señales de angustia y episodios de miedo relacionados con lo ocurrido.
Las familias insisten en que su principal objetivo es que los hechos se esclarezcan y, de comprobarse responsabilidad, el implicado responda ante la justicia. Las madres mantienen el acompañamiento mutuo y esperan que su decisión de denunciar no se vea castigada con el silencio institucional ni con represalias.
