La Procuraduría General de la Nación alertó sobre los riesgos para líderes sociales en Montes de María, en Sucre, debido a la presencia del Clan del Golfo. La entidad recibió información de que este grupo armado ilegal estaría intimidando y amenazando a líderes y miembros de la comunidad en esa zona del país.
De acuerdo con la información recopilada, el Clan del Golfo estaría buscando controlar las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas en la región, lo que genera un clima de miedo e inseguridad para los habitantes. La Procuraduría expresa su preocupación por la situación y hace un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes que garanticen la protección de los líderes sociales.
La entidad ha pedido a la Policía Nacional y al Ejército Nacional que incrementen la presencia en la zona, así como a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables de las amenazas. Además, la Procuraduría ha solicitado a la Defensoría del Pueblo que se mantenga alerta ante cualquier situación que ponga en riesgo a los líderes sociales.
La situación en Montes de María es preocupante, ya que se ha convertido en un escenario de violencia y criminalidad en los últimos años. El Clan del Golfo ha venido ganando terreno en la región, desplazando a otros grupos armados ilegales y buscando controlar el territorio.
La Procuraduría ha insistido en que es fundamental proteger la vida de los líderes sociales, quienes juegan un papel crucial en la construcción de la paz y el desarrollo de las comunidades. La entidad también ha llamado a la sociedad a que se una a la lucha contra la violencia y la criminalidad, y a que apoye a los líderes sociales en su labor.
La situación en Montes de María es un ejemplo de la compleja realidad que viven las comunidades en diferentes regiones del país. La presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la violencia son factores que ponen en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos. Es importante que las autoridades tomen medidas para combatir estos flagelos y garantizar la protección de las personas, especialmente de los líderes sociales, quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades.
