## Inhabilidad y multa para Alberto Hadad, asesor de la Secretaría de Movilidad de Cali
Alberto Hadad, asesor de la Secretaría de Movilidad de Cali, fue sancionado con inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años y una multa de $100 millones de pesos. La decisión fue tomada por la Procuraduría General de la Nación, luego de que se comprobara que Hadad incurrió en irregularidades en el proceso de contratación del operador del servicio de transporte público masivo en Cali, conocido como MIO.
Según la Procuraduría, Hadad, quien era miembro del Comité de Selección, participó en la elección del operador, a pesar de tener un conflicto de intereses, pues era socio de la empresa que ganó la licitación. La Procuraduría encontró que Hadad, junto con otros funcionarios, manipularon el proceso de selección para favorecer a la empresa en la que tenía participación, incurriendo en irregularidades en la calificación de las propuestas y en la adjudicación del contrato.
El fallo de la Procuraduría es definitivo y no admite apelación. Hadad ya había sido retirado de su cargo en la Secretaría de Movilidad tras la apertura de la investigación en su contra. La Procuraduría también señaló que continuará investigando a otros funcionarios que participaron en el proceso de contratación del MIO, para determinar si también incurrieron en irregularidades.
El fallo de la Procuraduría es un golpe a la transparencia y a la legalidad en la contratación pública en Cali. El proceso de selección del operador del MIO estuvo marcado por la polémica y la falta de transparencia, lo que llevó a la Procuraduría a investigar las actuaciones de los funcionarios involucrados. El fallo de la Procuraduría es una señal de que el organismo está decidido a combatir la corrupción en el sector público y a garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
Este fallo también tiene implicaciones importantes para el futuro del sistema de transporte público masivo en Cali. La Procuraduría señaló que la decisión de inhabilitar a Hadad busca garantizar que las personas que ocupan cargos públicos no se aprovechen de su posición para obtener beneficios personales o para favorecer a empresas particulares. Se espera que este fallo sirva como un precedente para evitar que se repitan este tipo de irregularidades en el futuro.
El fallo de la Procuraduría también pone en evidencia la importancia de contar con mecanismos de control y vigilancia en los procesos de contratación pública. Es necesario que las instituciones públicas sean transparentes en sus actuaciones y que se establezcan mecanismos que permitan detectar y sancionar a los funcionarios que actúan de manera irregular.
El fallo de la Procuraduría es un paso importante en la lucha contra la corrupción en el sector público. Es necesario que se tomen medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos de contratación pública, para evitar que se repitan este tipo de casos en el futuro.
