Consulta popular para la reforma laboral impulsada por Petro

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Gustavo Petro radicó una consulta popular con 12 preguntas para revivir su reforma laboral, desafiando al Congreso y apelando al poder del pueblo tras la archivación de su proyecto por el Senado.

Este jueves 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República el proyecto de consulta popular que busca someter a votación ciudadana una serie de reformas laborales. La iniciativa, que incluye 12 preguntas, busca transformar el régimen laboral en Colombia y deberá ser discutida por la plenaria del Senado en un plazo de 30 días.

Acompañado por miembros de su gabinete, familiares y la espada de Simón Bolívar, Petro llegó al Capitolio Nacional para entregar personalmente la propuesta. Fue recibido por el secretario general del Senado, Diego González, quien actuó en representación de la corporación legislativa. La radicación se produce después de la polémica intervención de Petro en la Plaza de Bolívar, donde criticó a sectores del Congreso y pidió que el pueblo decida sobre el futuro de los derechos laborales en el país.

Durante el acto de firma, el presidente expresó: “Aquí llegamos con la espada de Bolívar, con el pueblo, pero venimos desarmados. No vendremos armados otra vez. Pero el pueblo vendrá por su poder”. La propuesta exige una mayoría calificada de 53 votos de los 105 senadores para su aprobación.

Las preguntas abarcan temas como la reducción de la jornada laboral diurna, el pago del 100% de recargo por trabajo dominical y festivo, incentivos para pequeñas empresas, la formalización de trabajadores informales, la inclusión laboral de personas con discapacidad y la protección de los derechos laborales en el campo. También se plantea garantizar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales, reconocer permisos por salud menstrual, y otorgar un bono pensional especial para campesinos.

Desde sectores políticos de oposición, la propuesta ha sido interpretada como un intento de saltarse los canales institucionales para imponer una agenda legislativa rechazada por la Comisión Séptima del Senado.

El Congreso tiene la responsabilidad de debatir la consulta popular propuesta. Si la iniciativa logra pasar el filtro legislativo, el mandatario tendría un plazo de tres meses para fijar una fecha de votación nacional.

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