La tensión política en el Concejo de Santa Marta continúa escalando tras el controversial desalojo del concejal Miguel ‘Mono’ Martínez del recinto por parte de la Policía. Tanto el concejal como el presidente del Cabildo distrital, Pedro Gómez Añez, han presentado denuncias ante diferentes autoridades. El enfrentamiento, ampliamente difundido en redes sociales, ha desviado la atención de la labor de la corporación hacia los ‘encontrones’ protagonizados por ambos funcionarios.
El concejal Martínez denunció penalmente ante la Fiscalía a los agentes involucrados por lesiones personales agravadas contra servidor público y prevaricato, asegurando que fue víctima de un uso excesivo de la fuerza. Afirma que esta es la segunda vez que es expulsado con la Policía sin que exista una norma que respalde esa actuación, y que se está utilizando el reglamento para silenciar la oposición dentro del Concejo. Además, presentó quejas ante la Procuraduría y la Policía Nacional.
Por su parte, Gómez Añez defendió su proceder, asegurando que actuó amparado en el reglamento interno del Concejo. Afirmó que el artículo 75 le faculta como presidente de la corporación a ordenar el desalojo de cualquier persona que interrumpa el desarrollo normal de las sesiones. Aseguró que las actuaciones están dentro del marco legal y que también interpondrá una denuncia por injuria y calumnia contra el concejal Martínez por acusarlo falsamente de tener nexos con el narcotráfico.
Gómez Añez espera que la Procuraduría General de la Nación actúe de oficio ante la polémica generada y adopte las medidas disciplinarias pertinentes para hacer respetar al Concejo de Santa Marta. El episodio ha generado críticas y burlas en redes sociales, donde se han viralizado los videos del desalojo.
El artículo 156 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permite el “retiro de sitio” como medida de control, ha sido citado por defensores de la legalidad del procedimiento. Sin embargo, persisten los cuestionamientos sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y las tensiones políticas al interior del Concejo. El escándalo no solo afecta la imagen de los concejales involucrados, sino también la credibilidad del Cabildo ante la ciudadanía.
Muchos se preguntan si la corporación podrá retomar su agenda legislativa sin nuevas confrontaciones o si, por el contrario, se profundizará la división política que ha quedado en evidencia.
