Las autoridades de Bogotá se encuentran ante una situación de emergencia humanitaria debido a la llegada masiva de familias víctimas del conflicto armado. En las últimas semanas, más de 34 familias provenientes del Catatumbo, que inicialmente fueron reubicadas en Puerto Boyacá, han llegado a la capital buscando protección tras enfrentar nuevas amenazas y riesgos en ese municipio.
La Administración Distrital, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, está brindando atención inmediata a estas familias, incluyendo alojamiento temporal, servicios de salud, educación, orientación jurídica y apoyo psicosocial. Sin embargo, la alcaldía ha advertido que la capacidad operativa y financiera de la ciudad está siendo sobrepasada por la cantidad de personas desplazadas.
Según cifras oficiales, en enero de 2025, Bogotá recibió un 30% más de personas desplazadas en comparación con el mismo período del año anterior, lo que ha obligado a cuadruplicar la capacidad de albergue y asistencia. Se han entregado bonos de alimentación y subsidios de arriendo a 1.699 personas, y 317 víctimas han recibido alojamiento temporal, superando con creces la infraestructura habitual.
A esta situación se suma la presencia de la población indígena Emberá, que desde septiembre de 2023 espera una reubicación definitiva y ha permanecido durante más de seis meses en albergues distritales. El Distrito ha solicitado formalmente a la Unidad para las Víctimas que asuma la atención de estas comunidades mientras se definen soluciones estructurales.
La Administración capitalina ha reiterado su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su rol como ciudad receptora de víctimas, pero ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que acelere los procesos de reubicación. Se busca garantizar que cada traslado se realice con dignidad, seguridad y voluntariedad, evitando que se convierta en una nueva forma de revictimización.
