Líderes y lideresas de las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta han emitido un manifiesto con seis puntos clave, solicitando al Gobierno Nacional la reanudación de los diálogos socio-jurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En el documento, las comunidades reclaman una respuesta clara y coherente que garantice la protección de la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que habitan la región, actualmente en disputa entre dos grupos armados ilegales.
Una de sus principales exigencias es la instalación urgente de un mecanismo de verificación independiente, compuesto por entidades como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y representantes de la sociedad civil. Además, piden la formalización de la prórroga de la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024, que habilita los espacios de diálogo con las ACSN.
Los líderes y lideresas también solicitan la creación de procedimientos claros para cada fase del proceso de paz, asegurando la participación activa de las comunidades en el territorio. Además, piden el establecimiento de condiciones para un eventual sometimiento a la justicia por parte de las estructuras armadas ilegales.
Ante la creciente inseguridad en la zona, instan al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a coordinar acciones efectivas que protejan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El manifiesto también aborda la necesidad de establecer canales de comunicación con la Gobernación del Magdalena para evitar interferencias en la política de Paz Total.
Señalan que, hasta el momento, el gobernador Rafael Martínez no ha manifestado un respaldo claro a esta iniciativa presidencial. Proponen que el presidente de la República designe a un ministro o ministra que asuma la coordinación interinstitucional entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los organismos internacionales de cooperación.
Finalmente, las comunidades reiteran su compromiso con la paz, pero insisten en la necesidad de respuestas estructurales y eficaces para superar la actual crisis. Solicitan que las personas designadas por sus propias organizaciones sean incluidas como facilitadoras en el desarrollo de los diálogos sociales, para garantizar representatividad, legitimidad y transparencia.
