La crisis del agua potable en Santa Marta ha llegado a niveles alarmantes. Lo que antes se consideraba una problemática estructural del sistema de acueducto, ahora se ha agravado por la intervención de bandas criminales que, además de su actividad en el microtráfico, ahora también roban agua y la venden a precios exorbitantes en los barrios más vulnerables.
Este fenómeno, aunque no es nuevo, se ha intensificado con la sequía que afecta a la región. La necesidad urgente de muchas familias por acceder al agua ha sido aprovechada por grupos irregulares que controlan su distribución, creando un mercado ilegal con precios sin regulación. Los habitantes se encuentran atrapados entre el miedo y la desesperación.
“Estamos en una situación donde tenemos que elegir entre comprar agua o comida. No alcanza para las dos cosas”, relata un residente de la parte alta del barrio El Yucal, un sector popular de Santa Marta afectado por esta realidad.
De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), al menos 60 barrios están afectados por la desviación ilegal del recurso hídrico, lo que genera fallas en el sistema y limita aún más el acceso regular al agua.
Las intervenciones artesanales realizadas por estos grupos no solo perjudican a la empresa, sino a toda la comunidad. Al alterar las redes de distribución, impiden que el agua llegue adecuadamente a otros sectores. Además, la venta a través de carrotanques o pimpinas mal almacenadas representa un grave riesgo sanitario. En muchos casos, se trata de agua no tratada, de procedencia dudosa y sin controles de calidad.
Lo más preocupante es que los habitantes temen denunciar. El control de estas “mafias del agua” se ha extendido al punto de que muchos prefieren guardar silencio ante la amenaza de represalias. Esta situación ha llevado a líderes comunitarios y organizaciones sociales a pedir la intervención de autoridades judiciales a nivel nacional.
La escasez, combinada con la desigualdad y la falta de soluciones estructurales, ha generado un terreno fértil para que grupos ilegales encuentren en la necesidad ajena una forma de lucrarse. Mientras tanto, las familias siguen enfrentando la disyuntiva diaria de cómo garantizar algo tan básico como el agua, sin poner en riesgo su salud o su seguridad.
