Decenas de familias que soñaban con ser propietarias de apartamentos en el edificio RW Tower, ubicado en El Rodadero Sur, se enfrentan a una pesadilla tras la presunta estafa de la constructora Urban Investment (Arq Desing). Tras recibir una gran parte del valor de los apartamentos, la empresa abandonó el proyecto. Los copropietarios, con un esfuerzo económico adicional, lograron rescatar parcialmente su inversión. Sin embargo, ahora se les exige pagar alrededor de $62 millones de pesos para recibir las escrituras y temas administrativos.
Durante una audiencia pública en el edificio, cuatro de los más de treinta afectados relataron sus denuncias. Algunos señalaron al representante legal de la constructora, Deivis Urieles, de estar involucrado en este tipo de fraudes con otros edificios en construcción de la ciudad.
Los afectados denunciaron que luego de adelantar un porcentaje del valor del apartamento, y con ese dinero construir el edificio, la constructora lo abandonó por más de tres años. Cuando los copropietarios se organizaron para terminar el proyecto, la empresa ahora les acusa de perturbar su propiedad. Además, se les exige $50 millones por las escrituras, cuando ya habían pagado el 80% del costo del apartamento. Se les pide también $12 millones por temas de administración, a pesar de que los copropietarios han asumido los gastos de luz, agua y gas.
Las denuncias apuntan a que la constructora también ha estafado a otras personas que adquirieron apartamentos en el proyecto. Tras pagar el total del costo, estos no recibieron sus viviendas, o bien, fueron revendidas a otros compradores.
Gastón Comas, un ciudadano argentino, denunció que realizó la inversión en uno de los apartamentos desde el exterior, pero al llegar a Colombia se enteró de que fue estafado, ya que la vivienda fue entregada a otra persona. Comas afirma que la constructora promociona sus proyectos en redes sociales, creando una falsa sensación de legalidad, y asegura que los dineros no ingresan a una fideicomiso, sino que son utilizados por el representante legal, Deivis Urieles, para sus propios beneficios.
Los afectados hacen un llamado a las autoridades para que tomen acciones ante esta situación, ya que temen perder nuevamente sus apartamentos, fruto de su esfuerzo, tiempo y dinero.
